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urdiendo la trampa... |
julio 2,
2015 7:06 am
Publicado
en: Destacados, Nacionales LA PATILLA VLA.
EL BLOG OPINA
Papelón internacional,
la bochornosa presencia de la representación del gobierno venezolano ante la
ONU. Dios libre al mundo entero de
semejantes personajes salidos de una novela de terror. Con solo el testimonio
de la ex jueza Affiuni bastaría para condenar a las máximas penas al
narco-estado en que se ha convertido Venezuela.
El Estado venezolano se negó a explicar ante el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas -con la promesa de hacerlo por escrito- por qué hay
22 directivos de tres medios de comunicación independientes a los que se les
prohibió salir del país después de que publicaran una información con denuncias
contra el presidente de la
Asamblea Nacional , Diosdado Cabello, que ya había aparecido
en otros medios internacionales, publica El Mundo de España.
ÁLEX
VÁSQUEZ/Especial para EL MUNDO/ Caracas
El
martes, durante el segundo día del examen sobre el cumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el Estado venezolano, ante el
Comité de Derechos Humanos de la
ONU , el especialista israelí Yuval Shanny, preguntó a la
delegación encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, sobre la medida
cautelar que afecta a los directivos de los tres medios (‘El Nacional’, ‘Tal
Cual’ y ‘La Patilla ’).
Ortega
respondió lo siguiente: “Vamos a responder todas las preguntas, pero muchas las
haremos por escrito”.
Las
organizaciones no gubernamentales Espacio Público e Instituto Prensa y Sociedad
presentaron un informe a Naciones Unidas en el que pidieron discutir la demanda
por difamación agravada continuada interpuesta por Cabello contra los 22
directivos. En el texto, las ONG destaca la gravedad de que la jueza 12 de
juicio, María Eugenia Núñez haya decretado la prohibición de salida del país y
obligara a los directivos a presentarse una vez a la semana ante su tribunal.
Desde
Ginebra, Carlos Correa, director de Espacio Público, opinó que la decisión es
una pena anticipada, porque sin poder ejercer ningún recurso judicial asociado
al debido proceso, se aplica esa prohibición que “es una sanción que se aplica
por un presunto delito”.
“Es decir
sin entrar a discutir el fondo del caso ya se aplican sanciones. Las personas
no pueden defenderse de ninguna manera. Es un recurso recurrente en el ámbito
judicial venezolano. Se aplican medidas en exceso y se alargan durante todo el
juicio”, expresó.
Dijo que
presentaron el informe con la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la gravedad del
asunto: “Una medida como ésta tiene como consecuencia un efecto de
silenciamiento. Es decir, pretenden silenciar estos medios y con ello afectan a
quienes escriben en estos medios (periodistas, editores y propietarios) y a los
lectores reales y potenciales de estos medios. Es una construcción que apuntala
el miedo a expresarse; favorece la censura y la autocensura”, agregó.
La
delegación venezolana tuvo varios voceros, entre ellos, el director de Conatel,
William Castillo, quien aseveró que en Venezuela no hay censura ni persecución
a los medios.
“En
Venezuela no hay censura, sino responsabilidad ulterior. En 11 años ha habido
26 procedimientos y solo uno fue multado. En 2014 se bloqueó NTN24 porque
intervenía en la soberanía, pero no hay una política de Estado para el bloqueo
de Internet”, expresó.
También
negó que haya restricciones para la compra de papel periódico. Sin embargo, el
único diario independiente que llega a todo el país, ‘El Nacional’, no recibe
las divisas que necesita para comprar el insumo; sus peticiones son negadas.
Los
opositores
Los
expertos preguntaron por los casos contra Leopoldo López, Daniel Ceballos y
Antonio Ledezma. La fiscal Ortega Díaz aseguró que todo el que quiera puede
entrar a ver los juicios de López y Ceballos. “Se les garantiza todo lo
necesario: visitas, deportes, sitios higiénicos, misa. Acaban de concluir la
huelga de hambre y el Estado estuvo vigilante de su salud. López y Ceballos
tienen acceso a médicos de su confianza”, expresó.
Vale
destacar que López y Ceballos solo pueden recibir la visita de sus familiares
directos y que a los juicios no puede entrar quien quiera. Los medios de
comunicación, por ejemplo, tienen el acceso negado. Tampoco se ha permitido que
a López lo chequeen médicos de su confianza, ni siquiera cuando realizó una
huelga de hambre que duró 30 días.